domingo, 30 de diciembre de 2012

V. EL NUEVO EJÉRCITO DE LA REPÚBLICA



V. EL NUEVO EJÉRCITO DE LA REPÚBLICA
Al siguiente día del alzamiento militar, el gobierno republicano se encontró en esta situación: por un lado, tenía que hacer frente al movimiento que desde las capitales y provincias ocupadas (el noroeste y el centro de la península y buena parte de Andalucía) tomaba la ofensiva contra Madrid; y por otro, a la insurrección de las masas proletarias, que sin atacar directamente al gobierno, no le obedecían.
Para combatir al fascismo, querían hacer una revolución sindical. La amenaza más fuerte era sin duda el alzamiento militar, pero su fuerza principal venía, por el momento, de que las masas desmandadas dejaban inerme al gobierno frente a los enemigos de la República.
Reducir aquellas masas a la disciplina, hacerlas entrar en una organización militar del  Estado, con mandos dependientes del gobierno, para sostener la guerra conforme a los planes de un Estado Mayor, ha constituido el problema capital de la República.
En el curso de la campaña se han logrado, merced al esfuerzo de algunos hombres de mérito y a las rudas lecciones de la experiencia, grandes progresos en plinto a organización y  disciplina, pero los hechos han probado que el problema no se había resuelto satisfactoriamente y a fondo.
El gobierno desligó de la obediencia a sus jefes a todos los soldados, pensando dejar sin tropas a los directores del movimiento. Este decreto, naturalmente, no fue obedecido en las ciudades ya dominadas por los militares, pero sí en las importantes plazas en poder del gobierno (Madrid, Barcelona, Cartagena, Valencia, etcétera).
Los soldados abandonaron los cuarteles y casi todos se marcharon a sus casas. Bastantes se sumaron a las columnas de voluntarios que, con jefes improvisados y con escasos medios, iban a combatir en los frentes. Las pocas unidades que pudieron ser retenidas en los cuarteles, eran casi inútiles. La rebelión había relajado en todas partes la disciplina.
Los oficiales profesionales eran sospechosos, y la tropa, formada en su mayoría por proletarios, se inclinaba a escuchar las consignas de sus sindicatos y de sus partidos, con preferencia a las de sus jefes. En Madrid, cuya guarnición era de trece regimientos, costó trabajo organizar en los primeros días cuatro o seis compañías de Infantería y un batallón de Ingenieros, para enviarlos a la sierra.
El gobierno republicano dio armas al pueblo para defender los accesos a la capital. Se repartieron algunos miles de fusiles. Pero en Madrid mismo, y sobre todo en Barcelona, Valencia y otros puntos, las masas asaltaron los cuarteles y se llevaron las armas. En Barcelona ocuparon todos los establecimientos militares.
El material, ya escaso, desapareció. Quemaron los registros de movilización, quemaron las monturas. En Valencia, los caballos de un regimiento de Caballería fueron vendidos a los gitanos a razón de cinco o diez pesetas cada caballo.
Al comienzo de una guerra que se anunciaba terrible, las masas alucinadas destruían los últimos restos de la máquina militar, que iba a hacer tanta falta.
Estos hechos, y otros no menos deplorables, procedían de las siguientes causas: pocas personas medían la importancia del alzamiento y la gravedad de la situación.
Muchos la recibían como una coyuntura favorable. Aún no se había convertido en guerra campal, y creyendo ciegamente en su inmediato término, pensaban que debía aprovecharse para liquidar de una vez todas las cuestiones políticas pendientes en España desde muchos años atrás, entre ellas, la cuestión del ejército.
Hacían esta cuenta: puesto que los militares se han sublevado, no más ejército en España, no más organización militar. El espíritu revolucionario de ciertos grupos sociales, ante el Estado impotente, creyó llegada su hora, y aunque no se apoderó del mando, a fuerza de indisciplina lo paralizó.
El gobierno decretó el alistamiento de veinte batallones de voluntarios, con una organización militar adecuada. Para estimular la recluta, asignó a cada soldado diez pesetas diarias, paga cinco veces mayor que la concedida habitualmente a la tropa en España.
Esta determinación fijó para toda la campaña el nivel de los sueldos para los combatientes, y cuando el ejército de la República se acercaba al millón de hombres, representó para el Tesoro público una carga exorbitante.
Era casi imposible encontrar material y mandos para los veinte batallones. Su alistamiento y otras medidas del gobierno encaminadas a formar un ejército regular, eran mal recibidas por los sindicatos y por algunos partidos obreros.
En uno de sus periódicos se hizo campaña contra el propósito de organizar un ejército, que sería «el ejército de la contrarrevolución». Millares y millares de combatientes voluntarios prefirieron alistarse en las milicias populares, organizadas espontáneamente por los sindicatos y los partidos.
Hubo batallones y brigadas republicanos, socialistas, comunistas, de la. CNT, de la UGT, de la FAI, etcétera, e incluso unidades formadas por obreros de un mismo oficio.
Sin conexión entre unas y otras, sin jefes superiores comunes, sin plan, acudiendo cada una a la guerra alegremente, con mandos improvisados por los mismos milicianos, y con objetivos políticos y estratégicos de su propia invención.
Nadie estaba sujeto a la disciplina militar. En la composición de las milicias entraron obreros y burgueses, intelectuales y empleados, militares, profesionales, y periodistas, y algunas mujeres.
No había fusiles para todos. Nunca los ha habido, ni a los dos años de guerra.
Los 70.000 o más fusiles repartidos en Madrid, en julio del 36, desaparecieron pronto.
Muy pocas ametralladoras.
Algunas piezas de artillería de campaña.
En el verano del 36 no había en todo el frente de Madrid más de doce baterías.
Municiones, escasísimas. La fábrica de Murcia y la de Toledo producían menos de una tonelada de pólvora y de trescientos mil cartuchos de fusil cada veinticuatro horas.
Con eso había que abastecer a los combatientes de Madrid, de ndalucía, de Aragón y del norte.
En cierta ocasión, todas las existencias de que pudo disponer el ministerio de la Guerra alcanzaban a doce cajas de cartuchos.
Las columnas se disputaban las municiones.
De Oviedo, de Barcelona, de Córdoba, llegaban clamores desesperados. Irún se perdió (iniciándose con ello la caída de todo el norte) por falta de municiones, estando detenidos en la frontera francesa, a consecuencia de la no-intervención, unos vagones de cartuchos.
De artillería pesada y antiaérea, carros de combate, morteros, etcétera, y el innumerable material móvil que pide un  ejército moderno, nada.
Hasta septiembre del 36, no llegó la primera expedición de material: 17. 000 fusiles que habían cruzado el Atlántico.
El entonces ministro de la Guerra, señor Largo Caballero, se encargó de repartirlos personalmente, para que no se malgastara tal tesoro. Pocos días después se había agotado.
Los milicianos fugitivos los perdieron casi todos en los desastres de Talavera.
El ministerio de la Guerra se esforzaba en poner -orden en tanta confusión. Aceptaba las unidades de milicianos, procuraba armarlas, les daba algún mando profesional (cuando querían aceptarlo) y les asignaba misiones tácticas o estratégicas, según las necesidades más urgentes. Las cumplían o no, según fuese el humor de la tropa, las veleidades de los mandos subalternos o las consignas de, las organizaciones políticas.
Los estados de situación de fuerzas que redactaba todos los días el ministerio de la Guerra, de los que conservo algún ejemplar, muestran la inverosímil heterogeneidad de aquel ejército y la desigual composición, en número y calidad, de sus unidades.
A lo largo de las posiciones al norte y al oeste de Madrid, aparecen desplegados: dos compañías del antiguo ejército, una milicia local, un batallón de aviación, 200 guardias civiles, un batallón de guardias de seguridad (policía), una milicia de la CNT, un batallón republicano, medio batallón de Ingenieros; la milicia de la FAI. Por lo menos, el jefe de cada sector del frente era un oficial profesional, designado por el ministerio de la Guerra.
Había otros en los mandos subalternos.
Un coronel de Estado Mayor organizó la defensa del Guadarrama, que ha subsistido hasta el final de la guerra.
Un general de Ingenieros mandó durante algún tiempo en Somosierra.
Todos estaban en situación difícil. Su autoridad no siempre era acatada. Tenían que convencer a sus subordinados para que cumpliesen las órdenes. Y tener mucho cuidado para no incurrir en sospecha de deslealtad.
Si la tropa se desbandaba, o desobedecía, o cumplía mal alguna orden, el jefe no podía ser riguroso con ella.
Sobre la arbitrariedad de las decisiones que las unidades de milicianos tomaban por su cuenta, las anécdotas serían inacabables.
Una brigada de la FAI abandonó tranquilamente, por enojos con el jefe del sector, los embalses de agua que abastecían a la capital. Por suerte, el enemigo no se enteró.
Una columna de voluntarios valencianos, destinada a la sierra, se desbandó al primer choque. Sus jefes alegaron que no querían ni sabían combatir más que en terreno llano.
En una operación cerca de Talavera, los milicianos se negaron a emprender la marcha si la artillería no iba delante, abriéndoles camino.
En condiciones tales se mantuvo la defensa de los frentes de Madrid, entre los 50 y los 90 kilómetros de distancia del casco de la capital, hasta octubre o noviembre del 36.
En iguales o peores condiciones, estuvieron estabilizados los otros frentes.
¿Cómo fue posible?
Evidentemente, los enemigos no tenían aún ni grandes masas ni grandes medios ofensivos. Con las tropas sacadas de Marruecos formaron la única fuerza de choque que por entonces vimos en movimiento: la columna procedente de Andalucía, que en octubre llegó por el suroeste a los arrabales de Madrid.
No obstante, es manifiesto que los intentos de entrar a viva fuerza en Madrid aquel verano se frustraron, a pesar del desbarajuste de la defensa. A todo suplió el entusiasmo de los combatientes, tropas voluntarias, poseídas de un espíritu político exaltado hasta el paroxismo, seguras de la victoria.
Hay que remontarse a lo que se cuenta de los voluntarios de la República francesa en 1792, para encontrar una masa de soldados tan enardecida por una idea. No sabían manejar el arma, no sabían combatir, la disciplina militar les parecía cosa anticuada e insoportable, los mandos inferiores no existían.
A fuerza de arrojo, de buena voluntad, muchas veces de heroísmo, hicieron cosas utilísimas para la defensa, y como no había otras mejor pensadas y ejecutadas, eran insustituibles.
Contuvieron el ataque en la sierra. Despejaron los contornos de Madrid, llegando por la línea de Aragón hasta Sigüenza. Restablecieron la comunicación con el Mediterráneo, recuperando Albacete, que era vital para Madrid. Llegaron a Badajoz y durante algunos días hubo comunicación con el Atlántico, por Huelva. Llegaron a las puertas de Córdoba.
Ahí se acabó su poder ofensivo, porque el entusiasmo y la improvisación, creciente el poder del enemigo, no daban más de sí.
Cuando se advirtió que la victoria no era fácil ni estaba próxima; cuando el ataque sobre Madrid se pronunció gravemente; cuando la no-intervención privó al gobierno de poder comprar material a la industria extranjera; cuando los más optimistas se convencieron de que la guerra sería por lo menos larga y costosa, las medidas del gobierno para reorganizar un ejército regular se impusieron.
Empezó por decretar que todos los milicianos quedaban sometidos a la disciplina militar.
Como los milicianos se habían alistado en otras condiciones, el gobierno creyó bueno permitir que abandonasen el servicio los que no estuvieran conformes con la reforma.
Algunos millares se marcharon, en efecto.
Costaba trabajo introducir la severidad de costumbres propia de un ejército en campaña. En los campamentos de primera línea, los milicianos no se privaban de ningún placer. Muchos se volvían a dormir en Madrid. No faltaban casos en que el buen madrileño salía a campaña temprano, dejaba a su mujer en un acantonamiento o en medio del campo, preparándole la comida, y después de disparar unos tiros en la trinchera, se volvía pacíficamente a su casa.
Quien no conozca el carácter del pueblo de Madrid, su buen humor, su descuido, su propensión a divertirse con todo, tendrá el hecho por increíble. Pero es cierto.
En la formación del nuevo ejército ponían mano algunos políticos que dos meses antes combatieron las primeras medidas del gobierno republicano encaminadas a ese fin.
Véase ahora hasta qué punto, en el curso de la guerra, los términos del problema permanecieron invariables y en qué se modificaron, fuese en favor, fuese en contra de la eficacia militar del ejército de la República.
En 1936, masas de milicianos voluntarios, no demasiado numerosas, sin instrucción, sin disciplina, sin cuadros, sin material, pero con espíritu levantado por el entusiasmo político, creyentes en la victoria. Dos años más tarde: un millón de hombres agrupados en ejércitos, cuerpos de ejército, divisiones, brigadas, etcétera, con todo el aparato técnico de organización apetecible, restablecida la disciplina, la uniformidad, la jerarquía.
Un Estado Mayor Central y algunos mandos superiores muy capaces para dirigir las operaciones, Mandos intermedios e inferiores improvisados, sin experiencia, sin conocimientos, sin espíritu de iniciativa. Estados Mayores de ejército y de división reducidos al mínimo, por falta de personal.
El material, enormemente aumentado con respecto al año 36, si se comparan las cifras absolutas, pero en proporción al del enemigo, la inferioridad del ejército republicano era todavía mayor que en los primeros meses de la guerra.
Durante la última campaña de Cataluña, la aviación del enemigo era seis o siete veces más numerosa que la republicana. La artillería, diez veces superior en cuanto al número; respecto de calibres y alcances, faltan incluso los términos de comparación, porque los republicanos nunca han tenido una artillería pesada como la del enemigo.
Escasez de transportes. Una ofensiva en Extremadura hubo de pararse por falta de camiones.
Escasez de municiones. Durante la última ofensiva, algunas unidades de artillería recibieron día por día lo necesario para un consumo tasado y más de una vez cesaron el fuego por falta de proyectiles. Escasez de armamento.
En otoño del 38, se me dijo por quien debía saberlo que faltaban 400. 000 fusiles.
En fin, el servicio militar forzoso, y últimamente la movilización en masa, metió en las filas una muchedumbre de gente fatigada o desafecta, que en 48 horas pasaba del taller o la oficina a las trincheras, sin ninguna instrucción y pocas ganas de batirse.
En el curso de los años 37 y 38, el ejército, mejorando su organización y en lucha con esas dificultades internas, además de luchar con un enemigo cada día más potente, dio muestras muy brillantes de eficacia y valor. Por ejemplo, en las batallas del Jarama (marzo, 1937), las más encarnizadas hasta esa fecha de toda la campaña, en las que se contuvo la última gran ofensiva sobre Madrid.
En las operaciones sobre Teruel, en plena montaña, bajo tempestades de nieve, con temperaturas de veinte grados bajo cero.
En el Paso del Ebro, operación audacísima y peligrosa, que salvó a Valencia e hizo concebir esperanzas, reducidas luego a retrasar unos meses la conclusión fatal de la guerra. Pero las mismas tropas que cumplían esas proezas y aguantaban privaciones que solamente la férrea dureza del español es capaz de soportar, abandonaban de pronto el combate y las posiciones, se desbandaban, sin aparente motivo.
Tomado Teruel en diciembre de 1937, la noche última del año las tropas que ocupaban la ciudad huyeron, sin saber por qué, hasta nueve kilómetros a retaguardia, cuando menos.
El hecho se ha repetido muchas veces.
También el inverso. O sea, que tropas desbandadas, y al parecer sin moral, eran recogidas, puestas en línea, y volvían a batirse bien. La raíz del mal era la falta de cuadros de mando.
El gobierno los fabricaba en serie porque la guerra consumía muchos. La celeridad en formarlos cedía en menoscabo de la calidad. No por falta de valor sino de preparación. En ese aspecto, el ejército era una masa sin esqueleto.
El resultado tenía que ser desastroso.
De las primeras milicias se destacaron algunos caudillos o jefes, que ellas mismas se dieron, muy populares.
Amalgamar estos mandos con los antiguos oficiales profesionales era un problema que no siempre se ha resuelto bien.
Sobre los oficiales profesionales pesaba en los primeros tiempos la desconfianza suscitada por la conducta de sus compañeros. El motivo principal de que bastantes oficiales del antiguo ejército se afiliaran en un sindicato (sin ser sindicalistas), o en el comunismo (sin ser comunistas), era el de buscar protección contra postergaciones injustas.
Según la influencia que han tenido en los gobiernos las sindicales o el partido comunista, así ha crecido o menguado la afiliación de los militares en esas organizaciones.
El primitivo impulso político que llevaba a todos a combatir, se convirtió
en espíritu partidista.
Cada partido, y las dos sindicales, protegieron, enfrente de los demás, a sus jefes y oficiales adictos. En general, los profesionales eran los menos favorecidos.
Tenían preferencia los procedentes de las milicias y los de nueva creación. Sobre todo los que se habían encaramado a los primeros puestos. Es innegable que los más de ellos han hecho lo que sabían y podían. Pero desde el punto de vista militar, el problema consistía en saber lo que podrían y sabrían hacer.
La realidad ha desmentido ciertas hipótesis fundadas únicamente en la popularidad. El arrojo personal, o ciertas dotes de mando, no bastan para ponerse al frente, de una gran unidad o de un ejército en campaña.
En las últimas semanas de la guerra, uno de esos caudillos le decía a un general, procedente del antiguo ejército: «Ustedes los militares de carrera tienen la superstición del terreno. Pero en la guerra el terreno no tiene ninguna importancia». Esta mentalidad no se rescata con nada y menos aún con la sangre de la tropa derramada en balde.

IV. LA REPÚBLICA ESPAÑOLA Y LA SOCIEDAD DE NACIONES



IV. LA REPÚBLICA ESPAÑOLA Y LA SOCIEDAD DE NACIONES
La República española había tomado en serio a la Sociedad de Naciones. Inscribió en la Constitución de 1931 una declaración terminante, adhiriéndose a los principios del Covenant, para ajustar a ellos su política exterior.
El sistema de seguridad colectiva y las obligaciones derivadas del pacto parecían llamados a resolver para España un problema capital: el de encontrarse garantizada contra una agresión no provocada, sin necesidad de montar una organización militar y naval que hubiese impuesto al país una carga insoportable.
Era la solución deseable para una nación desarmada, débil económicamente, pero en vías de progreso y de reconstitución interior.
Por su parte, ¿a quién ni por qué iba a agredir España? Miembro semipermanente del Consejo, España ha defendido siempre, en el Consejo y en la Asamblea, la letra y el espíritu del pacto. Haciéndolo así, se defendía a sí misma.
Tal fue su posición, por ejemplo, ante la agresión del Japón contra la Manchuria. La delegación española tomó parte principal en el  mantenimiento de la doctrina y en los procedimientos que se trató de poner en juego al ocurrir aquella ruptura del pacto.
Tal fue también su actitud al votarse la política de sanciones por la invasión de Etiopía.
Llegada la ocasión, la República podía creerse con derecho a un trato equivalente, en virtud de las obligaciones firmadas y en virtud de su conducta anterior.
Al estallar la guerra y producirse la intervención extranjera, era opinión general en España que la Sociedad de Naciones haría lo que en justicia fuese necesario para reducir nuestro conflicto a las proporciones de una discordia interior, en la que ningún Estado extranjero tenía por qué mezclarse.
Desde el primer contacto con la Sociedad de Naciones, empezada la guerra, se vio que no sería así. La doctrina oficiosa en Ginebra, aunque nadie la hubiese definido claramente, pareció ser que la República debía contentarse con triunfos morales, cuando más, no siendo posibles otros, sustanciales.
Se implantó la táctica de pedirles a los delegados españoles que no importunaran demasiado con sus reclamaciones, que no comprometieran la tranquilidad de la reunión.
Desde el Congreso de Viena, España no había vuelto a comparecer ante una gran asamblea de estados a defender su derecho.
En el Congreso de Viena, nuestro país era colaborador (de segundo orden, y un poco desdeñado, pese a la prestigiosa aureola de la guerra de Independencia), y la actitud del pueblo español, resistiendo al emperador salido de la revolución, enemigo de Inglaterra, iba en la misma dirección que la política de los gobiernos representados en el Congreso.
Del sistema de reconstrucción política implantado en Viena, del equilibrio resultante y de la fuerza de las potencias coligadas para mantener aquella obra, España recibió, por todo regalo, la restauración del despotismo terrorífico de Fernando VII ¿Qué ha recibido ahora de la Sociedad de Naciones?
En la institución de Ginebra, nuestra calidad de Estado miembro nos permitía hacernos oír; pero más que colaboradora, en esta ocasión la República era demandante. Diversas circunstancias, ajenas al problema mismo, pero enredadas a él parasitariamente, influían de un modo desfavorable.
Me refiero, en primer término, a cuanto había pasado en España bajo el nombre comprometedor e inexacto de «revolución».
Era muy difícil impedir que al considerar el caso jurídico del Estado español, atacado a mano armada en una guerra exterior clandestina (materia propia de la Sociedad de Naciones), algunos identificasen, no siempre de buena fe, la causa de la República con la de los revolucionarios desmandados, y envolviesen a la una en igual aversión que a los otros.
Tampoco puede desconocerse cuánto han hecho los españoles, sin prever tan triste resultado, para menguar su respetabilidad nacional. No me refiero ya a los hechos desatinados, inútiles, perjudiciales para aquello mismo que se pretendía defender, cometidos a uno y otro lado de las trincheras.
El solo hecho del alzamiento en armas basta para hacer zozobrar el prestigio de un país.
Y aún más, la furia con que dos masas enemigas se lanzaron la una contra la otra. Desgraciadamente, esto es racial.
Los desastrosos efectos que todo eso produjo en el exterior, no formaban en todo caso el obstáculo mayor con que la República tropezaba para obtener en Ginebra algún resultado útil. La Sociedad de Naciones nació teóricamente para declarar el derecho entre los pueblos y prestar un  procedimiento pacífico de restablecerlo cuando fuese atropellado.
Pretensiones (fallidas) de universalidad y permanencia.
De hecho, la Sociedad de Naciones se había convertido en el guardián del sistema europeo elaborado en Ver salles.
El Tratado de Versalles se cae a pedazos, y con él la Sociedad de Naciones que lo custodia. Gobernar el mundo sobre el supuesto de que permanecería indefinidamente dentro de aquel estatuto, es inconcebible.
¿Qué «paz general», por muchos juristas que interviniesen en su redacción, y aunque dejase tras de sí menos resentimientos que la de 1919, ha durado en Europa arriba de una veintena de años?
Era fatal que los resentidos y los ambiciosos (algunos reúnen ambos caracteres) trataran de romper, de un modo o de otro, las costuras de un traje que les venía estrecho. No había más que acceder a tiempo, y con buena gracia, a una equitativa rectificación, o sofocar por la fuerza el primer intento unilateral de rectificación.
Se ha hecho lo peor: soportar, porque no podían impedirse, las violaciones de la legalidad internacional, y acusar el golpe, como un agravio de las naciones a quienes perjudican o molestan.
Es claro que no todas las rupturas del pacto que pueden recordarse quebrantan los tratados de 1919, pero cualquiera modificación unilateral de ellos infringe el pacto.
La guerra de España, en el orden internacional, era una violación formal del pacto (intervención armada de Alemania e Italia), y, en el fondo, una operación estratégica para obligar, si se podía, a Francia a someterse el día de mañana a un diktat germánico.
Todos los hechos que han debilitado a la Sociedad de Naciones e impiden tomarla en serio desde que su acción coactiva quedó anulada en 1935, y todas las razones que las grandes potencias hayan podido tener para ir tolerando, a regañadientes, que la Europa reajustada en Versalles se descomponga por voluntad del Reich, se han conjurado contra la causa de la República y contra el destino político de España, envuelta en una onda suscitada para modificar las paces de 1919, en las que nada tuvo que ver.
España ha padecido la guerra para facilitar que en su día vayan siendo alemanes el Danubio, la Silesia, el pasillo polaco, etcétera, y para que Inglaterra sea disminuida en el Mediterráneo.
En cierto sentido, España ha sufrido las consecuencias del desarme británico.
En cuanto a lo que podía esperarse de la aplicación del pacto, era evidente que, no disponiendo de un sistema de sanciones, o no pudiendo aplicarlo (viene a ser lo mismo), la Sociedad de Naciones anuló su fin principal en cuanto el primer agresor quedó impune.
Del caso de Manchuria se habló mucho con Ginebra. Comisiones, dictámenes... En la invasión de Abisinia pareció que las cosas se formalizaban. Quien o quienes hicieron fracasar la política de sanciones, o la emprendieron sin los medios ni la decisión bastantes para llevarla a término, dejando sembrados inútilmente resentimientos nuevos y desprestigiada a la Sociedad de Naciones, abrieron la puerta a la agresión contra España.
Después de eso, era previsible que en Ginebra se hablaría poco y de mala gana del caso español.
El primer recurso ante la Sociedad de Naciones fue presentado formalmente por el gobierno español en diciembre de 1936. Tres meses antes, en la reunión de la asamblea, los delegados españoles habían ya expuesto los términos de la cuestión, pero sin demandar un acuerdo concreto sobre ella.
La reunión extraordinaria del Consejo, pedida por el gobierno español, conforme al artículo 11 del Pacto, en vista de que la situación existente en España era una grave amenaza para la paz internacional, no pudo ser denegada.
La víspera de la reunión del Consejo, un comunicado de París y Londres dio a conocer que el 4 de diciembre los dos gobiernos se habían dirigido a los de Alemania, Italia, Portugal y la URSS, pidiéndoles su cooperación para impedir todo acto de intervención extranjera en el conflicto, y que dirigiesen a sus representantes en el Comité de Londres las instrucciones necesarias para organizar un control eficaz.
En la misma nota pedían a los cuatro gobiernos mencionados su aquiescencia para una mediación conjunta en España.
Ignoro lo que respondieron a esta propuesta Alemania, Italia y Portugal.
El Consejo, después de oír excelentes discursos, en los que, más o menos, se hacía notar la inutilidad del llamamiento formulado por el gobierno español, adoptó una resolución que era una paráfrasis de la nota franco-inglesa y una ratificación de sus miras.
Incumbe a todo Estado el deber de respetar la integridad territorial y la independencia política de otro Estado... Informado [el Consejo], de que en el Comité de Londres se intentan nuevos esfuerzos para hacer más eficaz su acción, por el establecimiento de medidas de control, recomienda a los miembros de la Sociedad representados en el Comité que no omitan nada para hacer tan estrictos como sea posible los compromisos de no-intervención, y tomar las medidas para asegurar un control eficaz...
La deliberación más importante de las dedicadas por la Sociedad de Naciones al asunto de España fue la de septiembre del 37.
Como puede suponerse, la actitud que la delegación española debía adoptar fue examinada detenidamente en Valencia. Tuve ocasión de exponer no sólo al jefe del gobierno, sino al ministro de Estado y a otros miembros de la delegación, lo que, a mi juicio, procedía hacer.
No podíamos ir a Ginebra a pedir «sanciones» contra los agresores. En cuanto habláramos de eso, todos se pondrían en contra.
Tampoco se podía pensar, cediendo a un movimiento de mal humor, por justificado que estuviese, en retirarnos de la Sociedad.
La cuestión debía plantearse tomando por base un acuerdo anterior del Consejo, en que se dio por comprobado el hecho de la invasión y se remitió el asunto al Comité de Londres.
El complejo plan elaborado por los técnicos y sometido a la discusión del Comité en julio anterior, no pudo ser aprobado. Desde entonces, el Comité había caído en letargo.
Era el momento de que la Sociedad de Naciones llamase a sí el problema nuevamente y se pronunciase sobre el fondo. Nuestra posición fundamental no podía ser más que una: que el conflicto español se redujera a sus límites propios, o sea, los de una cuestión de política interior del país; la acción consiguiente era la retirada de todos los combatientes extranjeros.
Otras peticiones complementarias podían hacerse, sin hablar para nada del artículo 16 del pacto.
Todos los delegados con quienes hablé, encontraron acertado el planteamiento, cuyos términos debían ser fijados en definitiva por el gobierno.
Algún delegado me hizo observar que la asamblea podría incluso votar una resolución de principio, más o menos platónica, pero que era inútil esperar que de sus acuerdos saliera nada que pusiese fin a la intervención, ni un mecanismo que hiciese efectiva la retirada de los extranjeros.
Opinión muy probable, sobre todo siendo tan contrario a la República el curso de la guerra.
Había que resignarse de antemano a que la delegación española, que iría a Ginebra con dos provincias menos (estaba para consumarse la pérdida de todo el norte), retornase con las manos vacías.
Pero el viaje de la delegación española a Ginebra, especialmente del jefe del gobierno y del ministro de Estado, tenía una importancia particular, con independencia de lo que pudiera ocurrir en la Sociedad de Naciones, por motivos que me propongo contar en otro artículo.
También en aquella asamblea iba a resolverse el caso de la reelección de España como miembro semipermanente del Consejo.
La reelección era dudosa, por varios motivos: la incertidumbre (cuando menos, incertidumbre) del resultado de la guerra, la desconfianza en lo que pudiera hacer la República, la desconsideración producida por el hecho mismo de la guerra, sus horrores y las disputas por la influencia extranjera en España, la animadversión (encubierta o declarada) de algunos gobiernos.
Informaciones posteriores al suceso aseguraban que la elección de  Bélgica en el lugar de España estaba concertada desde algunas semanas antes.
Apenas llegó a Ginebra la delegación española, comprobó que la reelección de España era poco probable. En las conversaciones  preparatorias de la votación surgió un incidente inesperado: el delegado chileno, por sí, y en nombre de otras delegaciones americanas, ofreció sus votos a España a cambio de que el gobierno de la República dejase salir de las embajadas en Madrid a todos los refugiados en ellas, y los situase en un puerto, para embarcar libremente.
En una reunión anterior del Consejo, ya el delegado chileno había planteado la cuestión del «derecho de asilo» en las embajadas, institución jurídica que, si existe en América, no era reconocida en España.
En aquella ocasión, el representante español se opuso a que el Consejo entendiera en esa cuestión, pero se avino a examinar separadamente con cada gobierno el caso de los asilados en la embajada respectiva.
En la práctica de ese derecho de asilo, tolerado por el gobierno (a mi juicio, hizo bien en tolerarlo), se había llegado a una situación sumamente difícil e irritante, más que por el número de personas asiladas, por la  condición de algunas y por las actividades a que se dedicaban dentro de las embajadas. Que de este espinoso asunto, en el que la autoridad del gobierno estaba gravemente comprometida, se quisiera hacer materia de contrato, nada menos que para adquirir votos en la reelección de España, produjo asombro.
El jefe del gobierno, presidente de la delegación, rechazó la propuesta, aunque algunos delegados parecían inclinarse a aceptarla. España no obtuvo el quórum.
La delegación española pidió a la asamblea que se reconociese la agresión de que España era objeto por parte de Alemania e Italia, y que en virtud de tal reconocimiento la Sociedad de Naciones examinara con toda urgencia la manera de poner fin a la agresión; que se devolviese al gobierno español el derecho de adquirir libremente material de guerra y que se retirasen del territorio español los combatientes extranjeros.
Un comité de redacción, designado por la Comisión sexta, elaboró trabajosamente un proyecto de resolución.
En el proyecto, la asamblea... lamenta que... no solamente el Comité de

No-Intervención no haya conseguido la retirada de los combatientes no españoles que participan en la guerra de España, sino que hoy sea preciso reconocer la existencia en el territorio español de verdaderos cuerpos de ejército extranjeros, lo que constituye una intervención extranjera en España...; la retirada de los combatientes extranjeros es el remedio más eficaz de una situación tan grave...; hace un llamamiento a los gobiernos para que se haga un nuevo esfuerzo en ese sentido; y consigna que, si ese resultado no fuese obtenido en un bref delai, los miembros de la Sociedad adheridos al acuerdo de no-intervención considerarán el fin de la política de no-intervención.

En el comité de redacción, la delegación española pidió aclaración sobre el alcance de la expresión: bref delai.
El representante británico contestó que no se podía concretar en un número de días, pero que había de entenderse en su propio sentido. Entabladas negociaciones para la retirada de los combatientes extranjeros, se daba por supuesto que durante ellas no se enviaría a España ninguno más, y que de enviarse, la negociación se rompería. La negociación misma debería llegar a un resultado prontamente, sin admitirse dilaciones, y en otro caso se reconsideraría la política de no-intervención.

Al discutirse el proyecto de la Comisión sexta, se puso en claro, ante la oposición de algunos delegados, que lo de considerar el fin de la no-intervención no comprometía a nadie, ni, en el fondo, significaba nada.
La asamblea no aprobó el proyecto porque no pudo lograrse la unanimidad. Las cosas continuaron como estaban.
La delegación española regresó a Valencia bastante apenada. La nota dominante en sus informes verbales era ésta: «Hemos hecho cuanto hemos podido. ¡Pero aquel ambiente! ¡Aquellas gentes!».
Persistían la hostilidad y la desconfianza hacia la República, pero, según el jefe del gobierno, se había ganado mucho terreno.
La conducta del gobierno era generalmente bien (apreciada y se estimaba que había realizado un esfuerzo provechoso, como no podía esperarse.
Pero ¿la sumisión de los anarquistas era efectiva? ¿No se trataba de una apariencia? ¿El gobierno tenía medios de imponer su autoridad?
Tales eran las preocupaciones dominantes en cuanto a la política interior.
La delegación procuró inculcar en sus interlocutores la convicción de que la guerra sería larga; podía durar dos años. A su juicio, éste era el mejor estímulo para buscar una solución, por los peligros que tal situación entraña.
La Sociedad de Naciones no podía abrir la boca sino para invocar el derecho y aplicarlo. Como el derecho internacional estaba enteramente de parte de la República, la Sociedad de Naciones enmudeció cuanto pudo. Los «pequeños pueblos» aguardaban las consignas de las grandes capitales mientras les llegaba (o hasta que les ha llegado) el turno de correr la suerte de España. Pareció que la Sociedad iba a ser el amparo de los débiles. Se había convertido en una tertulia de amedrentados.
El motivo último" de que la institución de Ginebra, prestándose a ser suplantada en sus funciones por el Comité de Londres, se desentendiera de nuestro litigio, era la debilidad de España. Si en lugar de docena y media de barcos, de escaso poder, hubiera tenido en el Mediterráneo ocho grandes acorazados, el derecho de España habría brillado en Ginebra con la fuerza de nuestro sol meridional.
Para eso, poca falta hacía la seguridad colectiva. Hacerse oír de la Sociedad de Naciones requiere ser poderoso, estar preparado para la guerra y dispuesto cada uno a definirse a sí mismo el derecho, con  resolución de aplicarlo.

La República era débil.
Hundirse el sistema de la seguridad colectiva, es para España (con República o sin República) un desastre nacional, porque la antigua neutralidad le será ya imposible.
El país habría necesitado siquiera veinticinco años de paz, de los que no ha disfrutado seguidamente desde hace siglo y medio. Para dejarse envolver en guerras futuras, ha empezado por desgarrarse las entrañas con sus propias manos.
Muchos celebran con sarcasmo el fracaso de la Sociedad de Naciones, como un desquite del crudo realismo político sobre no sé qué «idealismos». Por lo visto, declarar el derecho es todavía una quijotada.
Para que se hablase poco y no se resolviese nada sobre el caso español en la Sociedad de Naciones, existía el Comité de Londres, encargado, como nadie ignora, de velar por el cumplimiento de la no-intervención. De ahí le vinieron a la República los mayores daños.
El nombre mismo de esa política era ya un equívoco. Si la no-intervención conssiste en que los estados se abstengan de mezclarse en los asuntos interiores de otros, la no-intervención, tal como se definió para España, consistía en privar al gobierno español de la posibilidad de comprar armas en los mercados extranjeros. Y tal como se practicaba, consistió en disimular (y, por tanto, en proteger), bajo las discusiones bizantinas del Comité, la intervención a fondo de dos estados. Nada es más sagrado para la salud de un pueblo que conservar la paz.
Gran cosa es decir, por tanto, para justificar una política, que se trabaja por conservar la paz.
Pero que Alemania e Italia fuesen a declarar la guerra si el gobierno español hubiese comprado armas libremente a la industria extranjera, era una paparruchada.
Desde hace dos años, muchos pronosticaban la guerra inminente, y algunos la daban por comenzada, siendo su prólogo la de España. Siempre me ha parecido más seguro que, de haber guerra general, nunca empezaría antes de acabarse la nuestra.
A este propósito, un ministro francés decía: «Hay que limitar la guerra de España (o sea: impedir que se generalice); hay que extinguirla». Tesis perfecta. La mía, complementaria, se reducía a esto: No depende de la República impedir (ni provocar) una guerra general.
Corresponde a las potencias limitar la guerra de España. Extinguirla, corresponde a los españoles. En cuanto se vayan todos los extranjeros, los españoles no querrán, y si quieren, no podrán batirse.
Nunca he deseado que la guerra de España se convirtiera en guerra general. No lo deseaba por las razones que tiene todo hombre para aborrecer la guerra, y además por motivos de estricto interés nacional.
El caso español habría pasado a muy segundo término en un conflicto general, y cualquiera que hubiese sido la conclusión, mi país hubiera tenido que someterse a las decisiones de los triunfadores. Lo que no se comprende bien, es que la guerra general sea menos probable hallándose España bajo el prestigio deslumbrador que hoy tiene allí el poderío germánico.
Ciertos cálculos para el futuro son muy problemáticos, porque la orientación que la España actual podría dar a su política exterior  responde a móviles mucho más duraderos y profundos que una momentánea coincidencia de intereses.

viernes, 28 de diciembre de 2012

XI. LA NEUTRALIDAD DE ESPAÑA



XI. LA NEUTRALIDAD DE ESPAÑA
Hace por ahora tres años, un diplomático español, hombre importante en su carrera, me decía: «Se habla mucho de nuestra política internacional. ¿Pero qué necesidad tenemos de una política internacional?».
Aquel diplomático había llegado, por el camino de su reflexión personal, a una conclusión equivalente a la que solía profesar la mayoría de la opinión española. España —decían casi todos—, escarmentada de antiguas aventuras, debe permanecer apartada de los conflictos europeos y atender a su reconstrucción interior.
En el fondo de esta opinión palpitaba, aunque no todos lo advirtiesen, una punta de orgullo nacional lastimado.
Con su gran historia, y consciente de su debilidad actual —comprobada con dolorosa sorpresa del vulgo en las guerras coloniales y en la guerra con los Estados Unidos al finalizar el siglo XIX— el español se avenía mal a representar un papel de segundo orden.
Su divisa parecía ser: César o nada.

Alienta también en aquella opinión el sentimiento de que España, en tiempos pasados, fue tratada con injusticia cruel por sus rivales en la preponderancia europea. Justificado o no, ese sentimiento se mantiene vivo por la enseñanza y la educación en ciertas clases de la sociedad española.
Esta inclinación a la renuncia, entre desdeñosa y enojada, tomó su forma definitiva después de los desastres de 1898.
También entonces España se creyó abandonada por Francia e Inglaterra ante la omnipotencia agresiva de los Estados Unidos.
En rigor, España cosechó entonces, además de los frutos de una alucinación (se le hizo creer al pueblo que el poder naval de los Estados Unidos era desdeñable) los de su aislamiento voluntario.
Con un imperio colonial, España, además de carecer de escuadra, no había preparado el menor concierto diplomático que pudiera servir de relativa garantía a su integridad.
De hecho, el papel activo de España en Europa se había acabado con las guerras napoleónicas. Los antecedentes y resultados de tales guerras dejaron en el ánimo español un surco profundo de amargura y rencor.
Del imperio francés, España recibió la criminal agresión contra su independencia. Siguió una guerra atroz, que dejó al país sumido en la pobreza y la anarquía por medio siglo.
Más tarde, la Francia legitimista hizo en España la intervención de 1823 para restaurar el despotismo.
El sentimiento liberal, agraviado, por la política de Chateaubriand y el patriotismo, inflamado por el recuerdo de las depredaciones napoleónicas, coincidieron en mantener durante todo el siglo XIX la significación antifrancesa de la fiesta del 2 de mayo (insurrección de Madrid contra Murat).
Solamente en 1908, con motivo de la exposición franco-española de Zaragoza, celebrada precisamente con ocasión del centenario de la guerra, el gobierno español se decidió a quitar, a aquella fiesta, el carácter nacional que antes tenía, reduciéndola a una fiesta local.
Eran los tiempos de la entente cordial, de los pactos sobre Marruecos. Los agravios  antifranceses del patriotismo español, parecían borrados.
Todo el mundo aceptaba que las agresiones napoleónicas no eran, esencialmente, una política nacional de Francia.

Acerca de Inglaterra, el instinto popular español, cree saber que es muy mal enemigo. De las guerras de Carlos III y Carlos IV con Inglaterra, de la destrucción del poder naval español en Trafalgar, viene el dicho: «Con todo el mundo guerra, paz con Inglaterra».
El auxilio militar británico en la guerra de la Península contra Bonaparte, tuvo la importancia decisiva que nadie desconoce. Pero, aunque solicitado desde el primer momento por los directores de la resistencia española, el auxilio británico no amansó, ni mucho menos, las antipatías de los patriotas.
Las relaciones del ejército inglés con el gobierno y el pueblo de España, distaron de ser fáciles ni cómodas.
La política británica en la emancipación de las colonias españolas de América, no favoreció, ciertamente, un mejor acuerdo entre ambos países. La cuádruple alianza (Inglaterra, Francia, España y Portugal), no sirvió de gran cosa; pero marcó una aproximación entre los gobiernos.

El de Palmerston era favorable a la causa legítima del Partido Constitucional, representado por Isabel II. Por este motivo, Palmerston fue popular en España.
Arrasada por una guerra civil feroz, sin dinero, sin barcos, sin cohesión interior, sin prestigio, España parecía a dos dedos de perder su independencia.
Los agentes británicos y franceses en la Corte de Madrid, se disputaban la influencia sobre el gobierno español, intervenían en la política, como en país de protectorado.
Por el boquete de la guerra civil penetra fatalmente, de una manera o de otra, la preponderancia extranjera.
El caso se ha repetido en forma mucho más grave, con motivo de la guerra que acaba de concluir. No obstante, apenas restauraban medianamente la paz, los gobiernos españoles acometieron durante el siglo XIX algunas aventuras exteriores, por razones de prestigio, y creyendo continuar una tradición nacional: expedición a Roma (1849), guerra de África (1860), expediciones a México y Santo Domingo.

Todas concluyeron en puros desastres, o en dispendios estériles de vidas y haciendas.
El punto más bajo de la depresión del espíritu nacional español, coincide con el albor del siglo XX.
Españoles muy distinguidos creían llegado el fin de nuestra historia de pueblo independiente.
El polígrafo Costa popularizó un programa de regeneración nacional, sobre estos postulados: «Triple llave al sepulcro del Cid» (es decir, proscripción de la política de aventuras, del espíritu belicoso, del panache español); «despensa y escuelas» (es decir, dar de comer al pueblo e instruirlo).
Más que inventarlas, Costa traducía en esas fórmulas un estado de espíritu nacional.
Fueron popularísimas.
Los programas políticos de entonces se impregnaron de costismo.
Y aunque Costa, con apariencias de revolucionario, era profundamente conservador e historicista, sus predicaciones fueron especialmente bien acogidas y utilizadas por los partidos de izquierda.
En el orden exterior, la clausura definitiva del sepulcro del Cid se traducía así: neutralidad a todo trance.
En eso, los españoles estaban, por una vez, unánimes. Consistiendo la neutralidad, por definición, en  abstenerse, a la gente común le parecía que la neutralidad era la menor cantidad de política internacional que podía hacerse.
Con todo, es indispensable que la neutralidad pueda ser voluntaria y defendida, y que los beligerantes la respeten.
La política de neutralidad se apoyaba en la creencia de que la posición casi insular de España favorecía aquel propósito.
Esa creencia es, en general, errónea. Para ser cierta, se necesita que en cada caso concurran circunstancias que no dependen de la voluntad del pueblo ni del gobierno español.
Realmente, lo que hizo posible y, sobre todo, cómoda la posición neutral de España, fue la entente franco-inglesa. Mientras la rivalidad entre Francia e Inglaterra subsistía, la posición neutral de España en caso de conflicto habría sido dificilísima, insostenible, porque ambas potencias cubren todas las fronteras terrestres y marítimas de España (Portugal, aliado de Inglaterra), y dominan sus comunicaciones.
Zanjadas con ventajas recíprocas las competencias franco-inglesas, la situación exterior de España estaba despejada para mucho tiempo, mientras no surgiera en el Mediterráneo un rival, un competidor nuevo.
En cuanto el competidor ha surgido, la actitud de España en el orden internacional entra en crisis; el sistema y sobre todo las razones del sistema vigente desde hace treinta años, quedan sometidas a una prueba muy dura.
Neutral y todo, España no pudo dejar de mezclarse en el problema de Marruecos, que si hubiera desencadenado una guerra, habría acabado con nuestra neutralidad. Los españoles no tenían ninguna gana de ir a Marruecos, y menos aún de batirse allí.
La razón de Estado, el interés estratégico, y el sentimiento de la continuidad histórica, así como las perspectivas de ciertas ventajas económicas, se impusieron. Si había de haber reparto de zonas de influencia o de protectorado en Marruecos, España no podía desentenderse de ello.
Hubiera podido alegar entonces que el norte de Marruecos era «un espacio vital», si esta expresión hubiese estado de moda.

Un primer proyecto de reparto, anterior al acto de Algeciras, atribuía a España una parte del imperio marroquí mucho mayor que la zona de su protectorado actual. Un gobernante español de entonces, se felicitó, a mi juicio con razón, de que tal proyecto no llegara a realizarse.
Lo que España obtuvo en aplicación de los convenios de 1912, defraudó las esperanzas de los gobiernos y de aquella parte de la opinión que hacía de la expansión en Marruecos una cuestión de prestigio; por dos motivos: la solución híbrida dada al asunto de Tánger, espina clavada en el amor propio de los africanistas y la mezquindad con que a su parecer se hizo la delimitación de la zona española. Motivo de resentimiento y punto de fricción que están muy lejos de haber desaparecido.
La visita de Eduardo VII a Cartagena, y otras demostraciones de que España entraba en la órbita de la política franco-inglesa no fueron obstáculo para que se mantuviese neutral durante la guerra.
La neutralidad fue posible porque Italia se puso al fin del lado de Francia e Inglaterra.
Otra cosa habría sido si el Mediterráneo occidental se hubiese convertido en teatro de las operaciones. Neutral el Estado español, la opinión del país no lo fue en modo alguno. Los españoles se dividieron apasionadamente en dos bandos irreconciliables.
El ambiente parecía de guerra civil, menos los tiros. Prueba evidente de que el conflicto era mucho menos ajeno al interés español de cuanto se creía. Y no precisamente por el destino ulterior de Alsacia-Lorena o de Polonia, sino por las consecuencias seguras que del triunfo del uno o del otro grupo de beligerantes se deducirían para España,
Es seguro que la inmensa mayoría, en los dos bandos españoles, sabía poco de las causas de la guerra.
Ignorancia disculpable.
¿Sabían mucho más, acerca de eso, buena parte de los combatientes?
Cierto: no faltaban españoles —sobre todo en la élite— que tomaron posición por móviles desinteresados abrazando la causa que les pareció más justa y más acorde con el porvenir de la civilización liberal en Europa.
Pero eran muchos más los que obedecían a otros motivos.

Si la política exterior de un país es función de su política interior, parece normal que cada bando español desease con furia y, dentro de sus medios, trabajase por el triunfo de quienes podían aportar a la política futura de España un apoyo o cuando menos un ejemplo muy deseados.
Formaban en el partido pro alemán: el ejército (recuerdo de las antiguas guerras con Francia; prestigio de la disciplina y la técnica prusianas); el clero (rencor antifrancés por la política laica y la expulsión de las órdenes); gran parte de la burguesía (animadversión de la Francia republicana); el Partido Carlista entero; buena porción del Partido Conservador Dinástico, aunque no ciertamente algunos de sus jefes.
Son de notar algunas excepciones.
Ciertas personas de la nobleza, por relaciones de familia, por su formación personal, u otros motivos, eran proaliados.
También los sacerdotes católicos que habían recibido la influencia de Lovaina, y los pocos militares en quienes las ideas liberales se sobreponían a la formación profesional.

En el partido antialemán estaban los republicanos, casi todos los liberales dinásticos, los hombres más importantes del Partido Socialista, no muy numeroso entonces, y, en general, las masas populares. Ambos bandos sabían de sobra que la victoria alemana traería necesariamente estímulo y tal vez ayuda directa para una convulsión política interior que pusiese de nuevo a España bajo un régimen despótico.
Por eso, desde el punto de vista español, unos miraban aquella victoria con regocijada esperanza, otros con temor.
El partido pro alemán estaba además poseído de un sentimiento de signo negativo; merced a la guerra, creía llegado el momento de que Francia e Inglaterra (sobre todo Francia), expiasen las injusticias y vejaciones que a través de una antigua rivalidad, habían infligido a España. Un desquite por mano ajena.

No juzgo el valor de unos y otros sentimientos. Consigno cómo fueron.
Ambos bandos eran, en general, neutralistas; pero los proalemanes defendían más bien la neutralidad, porque estaba a la vista que España no podría en ningún caso romperla a favor de Alemania.
Con todo, el leader del Partido Carlista propagaba abiertamente la ruptura con Francia e Inglaterra para recuperar Gibraltar y otras prendas.
La propaganda alemana hacía creer a la opinión pública, e introducía en las esferas del Estado, la oferta de que poniéndose de parte del Kaiser, España obtendría Gibraltar, Tánger, una zona mayor en Marruecos y manos libres en Portugal.
Es decir, un imperio español desde el Pirineo al Atlas.
Lo que Miguel de Unamuno llamó, sarcásticamente, «el viceimperio ibérico».
Viceimperio porque, según su juicio, quedaría subordinado al gran imperio de la «Mittel Europa».
Nada de esto se realizó.
Y como todos los planes políticos que no pasan de un esquema fantástico, ha podido parecer durante algún tiempo cosa fútil y vana. Lo es mucho menos de lo que aparenta.

Desde entonces las posiciones en España están tomadas definitivamente.
Quien ponga en relación los movimientos políticos internos de España, desde 1923 hasta hoy, con la situación internacional en cada momento, comprobará cómo reaparece y actúa, sin perder su carácter, aquella división en dos bandos que dejó marcada. Actualmente, con la intervención italo-alemana, el antiguo bando pro alemán ha obtenido, para la política interior española, lo que de 1914 a 1918 soñó obtener de la victoria alemana.
Que por motivos diversos, algunas personas o algunos grupos, aliadófilos durante la gran guerra, estén al lado del nuevo régimen español, no significa nada para esta cuestión, porque su peso en los destinos del país parece reducido, por el momento al menos, a muy poca cosa.

La instalación de la Sociedad de Naciones pudo parecer la garantía definitiva de la paz exterior de España. El sistema de seguridad colectiva la pondría a cubierto de agresiones, sin necesidad de comprometerse en el exterior ni de montar una gran máquina militar.
La Sociedad de Naciones ha sido mirada en España, por el bando pro alemán, con aversión o con mofa. El fracaso de la seguridad colectiva, la desposesión de la Sociedad de Naciones, y la ocasión y los motivos de todo esto, juntamente con la aparición del competidor italiano en el Mediterráneo, plantea con urgencia para España el problema de su neutralidad en un conflicto europeo, o en caso de salir de ella, el de a qué lado irá su concurso.
Si el tema hubiera de decidirse por la masa nacional, el grito casi unánime sería: neutralidad sin condiciones.
Seguramente no faltarán personas para opinar o aconsejar lo contrario; pero son muy pocas.
Las razones que abonaban la posición neutral de España, subsisten, agravadas por el estrago de esta última guerra.
La necesidad y el anhelo de reposo han de tener más fuerza que nunca. Ningún gobernante puede ignorarlo. Por otra parte, el Estado español no puede desconocer tampoco que, para un régimen recién instalado, sería terriblemente peligroso que, a consecuencia de su instalación y de los medios empleados para lograrla, se viese envuelto, de la noche a la mañana, en una guerra con sus poderosos vecinos Francia e Inglaterra; guerra que cualquiera que fuese su conclusión, sería desde el comienzo asolador  y desastrosa para España, precisamente por su posición geográfica.
Tales son, a mi juicio, los motivos que trabajan en favor de la neutralidad de España en un conflicto europeo.
Son poderosos, pero no hay ninguno más.
Nada digo de los motivos que trabajen en contra, porque tendría que discurrir sobre ellos por conjeturas.
Pero se pueden examinar, porque los datos son conocidos, las razones que los dos sectores de la opinión española han tenido y tienen para orientar, desde el tiempo de paz, la política exterior y del país.
Sería erróneo atribuir la problemática actitud de España en un conflicto europeo, pura y simplemente a la presencia en la Península de tropas extranjeras, al prestigio que con sus éxitos haya logrado el Reich, o a la necesidad impuesta por la guerra civil y sus consecuencias. Todo eso tiene su parte en el problema, pero no lo absorbe enteramente.
Ninguna ilusión más peligrosa que la de creer que se trata de una improvisación.
La misma intervención italo-alemana, si la aislamos para considerarla estrictamente como un hecho español, denota la existencia de una opinión anterior, cuyos componentes he analizado más arriba.
Sería frívolo pretender reducirla a una expresión numérica; pero no es aventurado afirmar que los recientes sucesos no la han disminuido y que su influjo en las esferas oficiales nunca ha sido mayor.
He aquí sus tesis:
*.- España, país de misión civilizadora e imperial, fue desposeída de su preeminencia por la conjuración de rivales rapaces, conjuración movida por el afán de riquezas y el odio religioso.
*.- El engrandecimiento posible de España y, sobre todo, su voluntad de engrandecimiento, tropezará necesariamente con la preponderancia francesa. El interés de Francia consiste en mantener una España débil, inerme y sometida.
*.- No menos que el interés de Inglaterra, favorecedora de la división de la Península en dos estados que la dejan manca, y detentadora de Gibraltar, cuya recuperación le daría a España, con  el dominio absoluto del estrecho, una situación estratégica sin igual.
*.- Con el imperio alemán, España nunca ha tenido competencias graves. Al contrario: desde 1521 a 1712, la política de ambos países fue común, y casi un siglo de preponderancia española en Europa se acaba con las paces de Westfalia y de los Pirineos, es decir, con el triunfo de la política francesa sobre la corona española y el imperio germánico.

Consecuencia: como los intereses alemanes y españoles no chocan en parte alguna, y tienen de común la necesidad de protegerse contra los mismos rivales, la condición y el medio de engrandecer a España es restablecer la tradición política exterior de los siglos XVI y XVII.
La propaganda y la diplomacia alemanas, no necesitan inventar
nada dé esto. Muchos españoles lo aceptan de antemano.

Frente a esas tesis están las que, por agruparlas bajo un nombre común, llamaré tesis de los españoles liberales.
*.- En el giro de la civilización de la Europa occidental España tiene su puesto propio. Sin mengua de su carácter original, forma parte de un sistema que no está determinado solamente por la geografía y la economía, sino por valores de orden moral.
*.- En el terreno político, España ha seguido la evoluciónde las democracias occidentales.
*.- Los verdaderos fines nacionales de España están todos dentro del propio país y la primera condición de lograrlos es la paz.
Desde el siglo XVIII España no ha disfrutado nunca veinte años de paz consecutivos. Es relativamente pobre, y aunque el número de habitantes se ha duplicado en poco más de un siglo, todavía está poco poblada.
Por ejemplo, la provincia de Badajoz, tan grande como toda Bélgica, tiene catorce habitantes por kilómetro cuadrado.
Riquezas naturales mal explotadas.
Instrucción popular retrasada.
Millones de braceros pasan hambre.
Lo justo y lo útil es rehacer este pueblo, robustecerlo.

*.- Aunque las tesis imperialistas fuesen posibles, exigirían un esfuerzo militar y económico gigantesco, que no permitiría atender a la reconstitución del país. ¿Y qué expansión necesita ni puede conseguir un pueblo que aún no ha logrado poblar ni cultivar todo su territorio?
La neutralidad de España, en buena inteligencia con Francia e Inglaterra, sus vecinos más poderosos y sus mejores clientes, constituía para los mantenedores de estas tesis un principio fundamental.
Que España no fuese potencia militar era, hasta 1935, un factor esencial del equilibrio del Mediterráneo.
 Está muy esparcida la opinión de que este dato importantísimo no ha sido bastante  apreciado.
Esa política ha prevalecido en España, no solamente durante la República, sino antes, bajo la administración de los partidos parlamentarios dinásticos.
Prosiguiéndola, y lealmente adherida a la Sociedad de Naciones, entró España en la política de sanciones.
Los últimos creyentes en la Sociedad de Naciones han sido españoles. Se ha
visto con qué resultado.
Sería una extravagancia suponer que han abandonado esas tesis todos los españoles que las profesaban; pero el influjo decisivo de esa política, en la orientación internacional del Estado español, ha desaparecido con la República.