SANDRA
LEÓN 24 OCT 2012 El País
Desde
que estalló la crisis económica, uno de los cambios más importantes en la
opinión pública ha sido la valoración del Estado autónomo. Tanto la reciente
encuesta de Metroscopia de EL PAÍS como el barómetro del CIS de septiembre han
puesto de manifiesto que el número de ciudadanos que prefiere un modelo
territorial más centralizado supera por segunda vez (como ya ocurrió en julio
de 2012) a los que prefieren mantener el modelo actual. Los medios de
comunicación se han hecho amplio eco de este dato, pero esto es solo una parte
de la historia.
La
otra parte, quizá más relevante, tiene que ver con que estas opiniones están
cada vez más polarizadas territorialmente. Este dato suele pasar desapercibido
porque la mayoría de encuestas utilizan muestras representativas nacionales.
Sin embargo, si analizamos la evolución de la opinión pública en cada comunidad
autónoma antes y durante la crisis, vemos que desde 2005 los españoles son cada
vez más distintos en sus valoraciones sobre qué modelo territorial prefieren
(incluso excluyendo a los territorios más divergentes, Cataluña y País Vasco).
El
resultado es un Estado autónomo sometido al juego de la cuerda: cada vez hay
más ciudadanos que quieren un modelo territorial distinto al actual y tiran en
direcciones opuestas; la pulsión recentralizadora se concentra especialmente en
Madrid, Aragón y Castilla y León; mientras que en Cataluña, y solo muy
recientemente en el País Vasco, aumentan los que prefieren que las comunidades
autónomas puedan convertirse en Estados independientes. La polarización de la
opinión pública no se da únicamente entre regiones, sino también dentro de
algunos territorios. Por ejemplo, en Cataluña, el aumento del independentismo
entre 2005 y 2011 (14%) se produce al mismo tiempo que lo hace el porcentaje de
ciudadanos que prefiere un único Gobierno central sin autonomías (un 10%, según
datos del CIS).
Como
la mala prensa del Estado autónomo crece a medida que la crisis económica se
profundiza, muchos afirman que la crisis es la causa de los cambios en la opinión
pública sobre el modelo territorial. Pero esto no es así en todos los casos. El
giro centralizador parece estar más vinculado a la coyuntura económica y a su
impacto en algunos sectores de la población, mientras que el giro
independentista en Cataluña tiene una naturaleza más estructural y supone la
intensificación de cambios en la opinión pública catalana que vienen de lejos.
La
estrategia del Gobierno de CiU ha sido la de intentar capitalizar los cambios a
través un discurso económico, el del agravio fiscal
De
acuerdo con las encuestas, si tomásemos un grupo de ciudadanos con la misma
ideología, preferencias partidistas e identidad nacional, quienes tendrían
mayor probabilidad de apoyar la centralización del Estado autónomo serían los
más vulnerables ante la situación económica, como los pensionistas, los
parados, las amas de casa o los de menor formación. Es posible que este sea el
grupo donde más haya permeado el discurso del Gobierno que señala a las
comunidades autónomas como principales responsables de la crisis y el que
vincule la solución a sus problemas a un Gobierno central más fuerte.
En
cambio, la explicación para los que apuestan por un modelo territorial donde
las regiones puedan hacerse independientes es distinta. Contrariamente a lo que
se cree, sus opiniones no están influidas por su valoración de la situación
económica ni por su situación laboral. Lo que determina principalmente la
opinión de este sector de la población es la cuestión identitaria (si se siente
“solo”, “más”, “igual” o “menos catalán que español”). Esto no quiere decir que
la crisis carezca de importancia en el giro secesionista, sino que lo hace por
cauces distintos a los que explican el giro centralizador. Tampoco significa
que el impulso independentista se deba a un cambio radical en las identidades
en Cataluña pues, entre 2005 y 2011, el porcentaje de los que se sienten “solo
catalanes” ha aumentado en menos de tres puntos (datos del CIS).
Las
identidades en Cataluña no han cambiado de forma radical, pero sí lo han hecho
sus implicaciones respecto al modelo territorial, al extenderse las
preferencias más soberanistas. Esto se debe, por un lado, al progresivo aumento
de las demandas de autonomía en la opinión pública catalana desde hace más de
una década y a la sensación de que estas han sido frustradas. Por otro lado, la
estrategia del Gobierno convergente ha sido la de intentar capitalizar estos
cambios a través un discurso económico, el del agravio fiscal, con el que el
apoyo a la soberanía se ha hecho más transversal a la situación económica de
los ciudadanos y a sus sentimientos identitarios.
En
definitiva, aunque la fiebre centralizadora e independentista en la opinión
pública parece haber puesto en cuarentena al Estado autónomo, la naturaleza de
estas dos pulsiones es distinta. La centralista parece más conectada al impacto
de la crisis en algunos sectores de la población y es probable que disminuya
cuando mejore la situación económica. No es así en el caso de las pulsiones
independentistas, cuyo origen se encuentra en cambios más estructurales que se
vienen produciendo en la opinión pública catalana desde antes de la crisis, por
lo que cabe esperar que tenga un mayor recorrido en el futuro.
Sandra
León es profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense y
colaboradora de la Fundación Alternativas.
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