El
‘president’ no entiende ni hacia dónde pretende ir la UE ni, sobre todo, a
dónde no quiere volver
ANA
MAR FERNÁNDEZ PASARÍN 31 OCT 2012 El País.
Sorprende
constatar, día tras día, la ligereza con la que políticos como Artur Mas claman
y proclaman la vocación naturalmenteeuropea de lo que sería un Estado catalán
independiente del resto de España desplegando, para ello, una retórica de corte
esencialmente antieuropea. Asombra un discurso construido en negativo,
articulado en torno a unos argumentos fundamentalmente contrarios al espíritu,
los valores y el derecho de la UE.
“¿Cataluña,
próximo Estado de Europa?”. A la vista del desconocimiento que delata una
afirmación tan grandilocuente, cabe recordar al presidente de la Generalitat
algunos de los principios básicos que regulan la Unión Europea. Principios
constitucionales y funcionales que obligan a todos sus miembros por cuanto la
legalidad jurídica no es una mera noción abstracta que se puede obviar en
función de la oportunidad política del momento.
El
primero de ellos es el propio concepto de unión. Tal y como estipula el
Preámbulo del Tratado de la Unión Europea (TUE), esta organización política encuentra
su origen en la voluntad de “acercar los pueblos de Europa en una unión cada
vez más estrecha” con el doble objetivo de mantener la paz en el continente
europeo y lograr su prosperidad económica. Es decir, Europa como entidad
política debe su nacimiento a un principio normativo meridianamente claro: es
la preferencia de la unión frente a la fragmentación, la cohesión frente a la
desagregación o, si se prefiere, las fuerzas centrípetas (que no
centralizadoras) frente a las centrífugas lo que constituye la verdadera
garantía de estabilidad política y de crecimiento económico. La actual
parálisis de la arquitectura comunitaria, bloqueada por la proliferación de los
egoísmos nacionales es una buena prueba de ello.
El
segundo principio es la idea de integración. Para unir los pueblos de Europa,
la fórmula europea consiste en integrar las competencias soberanas y exclusivas
de los Estados miembros. En otras palabras, en términos funcionales la
construcción europea se basa en un principio básico: la renuncia progresiva, y
en grados diversos, de parcelas de poder previamente en manos de los Estados
(ya sea a través del gobierno nacional o de los gobiernos regionales, donde
existan) y su cesión a un nivel político de carácter supraestatal. Desde la
política de la competencia hasta la política monetaria pasando por la política
agrícola o medioambiental, el modo de funcionamiento de la UE pasa por la
inclusión en conjuntos más amplios y no por el repliegue localista. Hoy en día,
el 70% de la legislación y, por lo tanto, de las políticas públicas que
vinculan a los Estados miembros (y, en consecuencia, también a sus regiones)
encuentran su origen en una normativa europea. Responsabilizar en exclusiva al
Estado de los males propios es fácil y probablemente rentable desde el punto de
vista electoral pero no se justifica desde la perspectiva de la realidad de los
procesos decisorios.
El
discurso actual del ‘expolio fiscal’, simplista y populista, no es forma de
hacer méritos en la UE
Ello
remite a un tercer principio: el interés general. La Unión Europea ha sido
posible porque unos hombres de Estado —esa categoría en vías de extinción— como
Jean Monnet o Konrad Adenauer tuvieron la clarividencia suficiente para darse
cuenta de que el bien particular pasa por el bien común. Tras las devastadoras
consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial, precisamente relacionadas
con la marea de ultranacionalismos populistas que anegaron Europa a principios
del siglo XX, los Padres Fundadores tuvieron la inteligencia necesaria para
darse cuenta y hacer comprender a las sociedades europeas que solo sumando y no
restando se puede lograr un bien superior y en beneficio de todos. Un valor y
principio de gobierno que encarna la propia idea de Comunidad Europea y
condensa el lema europeo: “unidad en la diversidad”.
Esta
visión es también la que sustenta el desarrollo de otro vértice del
ordenamiento constitucional europeo: la solidaridad interterritorial como
factor de cohesión económica y social. Solidaridad europea como condición para
el bienestar económico del conjunto y no de una parte de la Unión. Cataluña se
ha beneficiado de ingentes cantidades de fondos estructurales europeos debido a
su pertenencia a España y en virtud de la aplicación de este principio de
solidaridad. El discurso actual, simplista y con tintes populistas, del expolio
fiscal no es precisamente la mejor manera de hacer méritos en Europa. En
efecto, ¿No augura ello acaso que, mañana, en el caso de que Cataluña tuviese
que contribuir de forma neta al presupuesto comunitario, Artur Mas podría
emprender una campaña en contra de Polonia, Hungría, Rumanía o Bulgaria
diciendo que "roban a Cataluña"? ¿Comenzaría una campaña de
propaganda en contra de la financiación de redes transeuropeas en los países de
Europa central y oriental con la misma inquina con la que se está actualmente
movilizando en contra del AVE gallego o del corredor central? Participar
plenamente del proceso de construcción europea requiere algo más (y sobre todo,
algo distinto) que el ilusionismo político, la búsqueda de chivos expiatorios y
la demagogia populista e insolidaria.
Por
último, los anteriores principios y valores se hacen efectivos en la casa
europea a través de una regla formal y de extraordinaria importancia que no se
puede eludir: el respeto de la jerarquía normativa establecida y pactada por
todas las partes firmantes de los Tratados constitutivos europeos. Un líder
responsable tendría que tener en cuenta que amenazar con el incumplimiento de
la norma constitucional adoptada en su momento dice poco o nada a favor de la
fiabilidad y lealtad institucional como socio comunitario, además de que socava
de manera profunda la seguridad jurídica que un jefe de gobierno debería
transmitir a sus conciudadanos. Todo ordenamiento jurídico se rige por un
principio esencial que es el pacta sunt servanda. Las reglas del juego están
hechas para ser respetadas. Ello no significa que sean inamovibles pero sí que
se deben respetar mientras no existan otras adoptadas por el conjunto de los
que conforman la soberanía popular.
En
definitiva, no sabemos a dónde va o pretende ir el presidente de la
Generalitat. Lo que sí podemos decir es que enarbolar la bandera europea es
condición necesaria pero no suficiente para ser miembro de la UE. Más allá de
los condicionantes legales que rigen toda adhesión, existen unos valores y
principios anclados en la historia y en la propia idea de Europa unida y como
tal, exigibles a todos los que pretenden formar parte de ella. Pretender jugar
en la liga europea cuando uno demuestra día tras día una escasa capacidad para
desenvolverse sin romper en una liga más próxima, como es la española, no
parece la manera más acertada e informada de hacer valer unas credenciales
europeas. En efecto, demuestra no haber entendido ni hacia dónde pretende ir
Europa ni, sobre todo, a dónde no quiere volver.
Ana
Mar Fernández Pasarín es profesora titular de Ciencia Política y de la
Administración en la UAB e investigadora del Observatorio de Instituciones
Europeas de Sciences Po Paris (CEE).
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